Sin embargo, la administración no ha presentado pruebas públicas que confirmen que las víctimas transportaban drogas o que las embarcaciones estuvieran vinculadas a actividades ilícitas. La controversia se agudizó tras un incidente en el que se realizó un segundo bombardeo sobre sobrevivientes de un ataque inicial, lo que ha sido calificado por críticos como un posible crimen de guerra.

El Pentágono se ha negado a hacer público el video sin editar del suceso, ofreciendo acceso solo a miembros selectos del Congreso.

Gobiernos de la región, como el de Colombia, y expertos en derecho internacional han denunciado los ataques como ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional y la soberanía. La jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, pareció confirmar las sospechas de un objetivo político al declarar a Vanity Fair que el presidente “quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda”.