La decisión se produce en un momento delicado para las relaciones entre EE. UU. y Colombia, marcadas por el cruce de críticas entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, especialmente en torno a la campaña militar estadounidense en el Caribe. Además, la designación ocurre mientras el gobierno de Petro mantiene diálogos de paz con el Clan del Golfo, que se considera a sí mismo un grupo político. La medida alinea al Clan del Golfo con otros grupos criminales que la administración Trump ha clasificado como terroristas, incluyendo seis cárteles mexicanos y bandas transnacionales como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha, como parte de una estrategia más amplia para combatir el narcotráfico en el hemisferio bajo una lógica de seguridad nacional.