Esta medida representa un endurecimiento significativo en la política antidrogas de Estados Unidos, otorgando al gobierno nuevas herramientas legales y militares para combatir su tráfico. Al firmar la orden, Trump declaró que el fentanilo es “más cercano a un arma química que a un narcótico”, destacando su letalidad al afirmar que una dosis de apenas dos miligramos puede ser mortal. El presidente justificó la medida citando el devastador impacto de la droga en la población estadounidense, con cifras de muertes por sobredosis que, según él, podrían alcanzar entre 200,000 y 300,000 personas al año, muy por encima de las estadísticas oficiales.

“Ninguna bomba hace lo que esta droga hace”, sentenció.

La orden ejecutiva instruye al Departamento de Justicia a iniciar investigaciones y procesos judiciales con mayor severidad contra el tráfico de fentanilo. Crucialmente, también faculta a los Departamentos de Guerra y de Justicia para determinar si se deben proporcionar recursos militares en apoyo a las fuerzas del orden. Esta designación ha sido interpretada por analistas como una justificación legal adicional para el uso de la fuerza militar contra objetivos de narcotráfico fuera de Estados Unidos, particularmente en el contexto de la creciente presión sobre Venezuela y los cárteles mexicanos, a quienes Trump ha designado previamente como organizaciones terroristas. La medida se enmarca en la amplia campaña antinarcóticos de la administración, que ya incluye los controvertidos bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Trump aseguró que durante su mandato se ha logrado una reducción del 50% en el cruce de fentanilo por la frontera, aunque reconoció que las cifras sobre México “aún no son satisfactorias”.