UU., se justificó bajo una orden judicial que vinculaba al Skipper con una red de contrabando de petróleo iraní sancionado. Aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano, la fiscal general Pam Bondi afirmó que el buque era parte de una “red ilícita de envío de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”. La Casa Blanca confirmó que el petróleo a bordo, valorado en decenas de millones de dólares, será confiscado a través de un proceso legal en un puerto estadounidense. El gobierno de Venezuela reaccionó calificando la incautación de “robo descarado” y “acto de piratería internacional”, y anunció que denunciará el hecho ante instancias internacionales. El presidente Maduro acusó a Washington de buscar apropiarse de las riquezas energéticas de su país. Simultáneamente, el Departamento del Tesoro sancionó a tres sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, dos de los cuales ya habían sido condenados por narcotráfico en EE.

UU. y posteriormente indultados por la administración Biden.

También se sancionó a un empresario panameño y a seis compañías navieras acusadas de transportar crudo venezolano. Estas medidas buscan asfixiar aún más la economía venezolana, que depende de las exportaciones petroleras, y se enmarcan en la campaña de máxima presión de Trump, que incluye un masivo despliegue militar en el Caribe.