Estas operaciones, que han resultado en la muerte de más de un centenar de personas, han generado un intenso debate sobre su legalidad y han sido calificadas por algunos como ejecuciones extrajudiciales. Desde septiembre, bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth, las fuerzas estadounidenses han destruido más de dos docenas de embarcaciones, calificando a sus tripulantes de "narcoterroristas" pertenecientes a grupos como el Tren de Aragua de Venezuela y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. El Comando Sur de EE. UU. ha difundido videos de los ataques, justificándolos como "ataques cinéticos letales" contra organizaciones terroristas designadas que transitan por rutas conocidas de tráfico de drogas. Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha presentado públicamente pruebas que confirmen la identidad de los fallecidos o que las lanchas transportaran narcóticos. La legalidad de la campaña ha sido fuertemente cuestionada.

Expertos en derecho de guerra y legisladores, principalmente demócratas, sostienen que los ataques equivalen a ejecuciones sumarias y podrían constituir crímenes de guerra, ya que se realizan sin un debido proceso y contra civiles desarmados en aguas internacionales. Un incidente particularmente polémico fue el ataque del 2 de septiembre, donde las fuerzas estadounidenses mataron a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de una embarcación previamente bombardeada. El Pentágono se ha negado a hacer público el video completo de este suceso, aunque una nueva ley de defensa presiona para su divulgación al Congreso. La jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, declaró a Vanity Fair que el presidente "quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido", lo que sugiere que el objetivo real es el cambio de régimen en Venezuela, contradiciendo la justificación oficial de una simple operación antidrogas.