Esta designación representa un cambio fundamental en la política antidrogas de Estados Unidos, otorgando al gobierno nuevas y más agresivas herramientas legales y militares para combatir su tráfico. Al firmar la orden, Trump equiparó el impacto del fentanilo con el de una guerra, afirmando que la droga es "más letal que una bomba" y que causa la muerte de entre 200,000 y 300,000 personas al año en EE. UU., cifras considerablemente más altas que las oficiales. La orden ejecutiva establece que "el fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico" y que su venta por parte de cárteles y "organizaciones terroristas extranjeras" financia actividades que socavan la seguridad nacional. La nueva clasificación instruye al Departamento de Justicia a iniciar investigaciones y procesos judiciales con mayor severidad, y faculta a los Departamentos de Guerra y de Seguridad Nacional para considerar el uso de recursos militares en apoyo a las fuerzas del orden. Esta medida se considera una continuación de su campaña antinarcóticos, que ya incluye la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y los ataques a presuntas 'narcolanchas' en el Caribe. Según Politico, la designación como arma de destrucción masiva podría otorgar a Estados Unidos una "justificación legal adicional para utilizar la fuerza militar contra Venezuela", país al que la administración acusa de estar involucrado en el narcotráfico. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que su gobierno "va a analizar las implicaciones" de la orden, dado que el fentanilo también tiene usos médicos legales como anestésico.