Con esta actualización, un total de 19 países enfrentan un veto total y otros 19 tienen restricciones parciales.

La Casa Blanca justificó la medida por motivos de seguridad nacional, citando la falta de sistemas de control fiables en dichas naciones. En otra acción significativa, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el fin de los programas de Permiso Humanitario de Reunificación Familiar (FRP) para ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. El gobierno argumentó que estos programas presentaban "brechas de seguridad" y constituían un "abuso del parole humanitario". Adicionalmente, un informe de The New York Times reveló directrices internas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) que buscan multiplicar los casos de desnaturalización, pidiendo a sus oficinas que remitan entre 100 y 200 casos por mes al Departamento de Justicia, un aumento drástico comparado con el promedio histórico.

Estas políticas se complementan con una fuerte retórica del presidente, quien en un mensaje a la nación culpó a los migrantes del deterioro económico y social del país. Críticos y organizaciones de derechos civiles advierten que estas medidas generan un clima de miedo y socavan los principios del sistema migratorio estadounidense.