Incluye una disposición que retiene el 25% del presupuesto de viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, hasta que entregue al Congreso los videos y las órdenes de los controvertidos ataques a presuntas 'narcolanchas' cerca de Venezuela. Esta medida condiciona parte del presupuesto al cumplimiento de la transparencia sobre una campaña que ha sido objeto de intenso escrutinio legal y político.