En un acto en la Casa Blanca, Trump desestimó la necesidad de consultar al poder legislativo para ordenar bombardeos contra intereses del narcotráfico en territorio venezolano.

"No me importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto.

No tengo por qué decírselo, ya está comprobado", declaró el mandatario.

Su postura ha sido consistente, insistiendo en que tiene la autoridad para actuar unilateralmente. Esta afirmación se produce en un contexto de creciente tensión, donde la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, ha rechazado resoluciones impulsadas por los demócratas que buscaban limitar la facultad del presidente para usar la fuerza militar contra Venezuela y los cárteles de la droga. Según la Resolución de Poderes de Guerra, el presidente debe consultar al Congreso "en todos los casos posibles" antes de involucrar a las Fuerzas Armadas en hostilidades. Expertos en derecho de seguridad nacional, como Claire Finkelstein de la Universidad de Pensilvania, advierten que el uso de tácticas agresivas sin autorización del Congreso traspasa los límites del derecho internacional y parece un intento de provocar una respuesta venezolana que justifique una acción militar mayor. El debate legal se centra en si la campaña contra los cárteles califica como un "conflicto armado" que justificaría tales acciones, una premisa que muchos juristas consideran un "supuesto jurídico falso".