Estas acciones marcan una escalada significativa en la campaña de presión de Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro. La confrontación se intensificó después de que Trump, en una entrevista con NBC News, respondiera "No lo descarto, no" a la pregunta sobre una posible guerra, una declaración que generó alarma internacional. A esto le siguió la orden ejecutiva de un "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", lo que en la práctica busca asfixiar la principal fuente de ingresos del país. La justificación de la Casa Blanca ha transitado desde la lucha antinarcóticos hacia un reclamo explícito por activos económicos, con Trump afirmando que Venezuela "robó" petróleo y otros recursos a empresas estadounidenses y que los quiere "de vuelta". Para reforzar estas medidas, la administración designó al gobierno de Maduro como una "organización terrorista extranjera", lo que proporciona un marco legal para acciones más agresivas. El despliegue militar en el Caribe, descrito por Trump como "la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica", respalda estas amenazas. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha mantenido una postura ambigua sobre si el objetivo es un cambio de régimen, limitándose a calificar al gobierno de Maduro como "intolerable" y una amenaza para los intereses de EE.

UU.

La respuesta de Venezuela ha sido de condena, calificando las acciones de "piratería" y "grotesca amenaza".

La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación; Rusia advirtió a Washington sobre cometer un "error fatal", mientras que México y Brasil se han ofrecido a mediar para buscar una solución pacífica.