Esta medida representa un endurecimiento significativo de la política antidrogas de EE.

UU., abriendo la puerta a respuestas legales y militares más agresivas.

Al firmar la orden, Trump afirmó que el fentanilo ilícito "se asemeja más a un arma química que a un narcótico", y citó cifras de muertes anuales por sobredosis que, según él, ascienden a "entre 200,000 y 300,000 personas", un número considerablemente mayor que las estimaciones oficiales de los CDC. La orden ejecutiva instruye al Departamento de Justicia a iniciar investigaciones y procesos judiciales con cargos agravados por el tráfico de fentanilo. Además, faculta al Departamento de Guerra y al de Justicia a considerar el uso de recursos militares para apoyar a las fuerzas del orden. Esta designación ha sido interpretada por analistas como una posible justificación legal para futuras acciones militares contra objetivos del narcotráfico fuera de las fronteras de EE.

UU., particularmente en Latinoamérica.

El momento del anuncio es notable, ya que coincide con la campaña de ataques a 'narcolanchas' en el Caribe y el Pacífico y con las crecientes tensiones con Venezuela. La medida redefine la crisis de los opioides, tradicionalmente vista como un problema de salud pública, en una amenaza directa a la seguridad nacional, lo que podría alterar drásticamente la estrategia de Estados Unidos para combatirla.