El Kennedy Center, inaugurado en 1971 como un “monumento viviente” al presidente John F. Kennedy, fue establecido por ley del Congreso.

Por esta razón, la oposición demócrata y la familia Kennedy han calificado la medida de ilegal, argumentando que solo el Congreso tiene la facultad de autorizar un cambio de nombre de esta magnitud. Aunque los republicanos tienen mayoría en el Congreso, la acción ha sido vista como una apropiación política de un símbolo cultural y un monumento nacional. La familia Kennedy expresó su consternación, mientras que los demócratas han prometido luchar contra lo que consideran un abuso de poder.

Los trabajadores del centro ya han comenzado a añadir el nombre de Trump a la fachada, materializando una de las acciones más simbólicas y controvertidas del segundo mandato del presidente.