La designación como FTO tiene amplias implicaciones legales en EE.

UU., permitiendo el congelamiento de activos y el procesamiento penal de quienes brinden apoyo material al grupo.

Esta acción abre la puerta a posibles ataques militares, similares a los que la administración Trump ha realizado contra presuntas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico. La decisión se enmarca en una estrategia más amplia de la Casa Blanca, que desde el regreso de Trump al poder ha clasificado como terroristas a varios cárteles mexicanos y bandas transnacionales como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha. La medida llega mientras el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro mantiene diálogos de paz con el Clan del Golfo, lo que podría complicar las negociaciones. El jefe negociador del gobierno colombiano, Álvaro Jiménez, calificó la decisión de EE.

UU. como “autónoma” y señaló que deberá ser evaluada en el nuevo contexto geopolítico.