Estas acciones, justificadas por Washington como una lucha contra el "narcoterrorismo" y la recuperación de activos, han elevado la tensión a un punto crítico, con el propio presidente estadounidense sin descartar una intervención militar. La ofensiva comenzó con la orden de un "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela", una medida que Trump afirmó se mantendría hasta que el país sudamericano devuelva activos que, según él, fueron "robados" a empresas estadounidenses. "Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo... Y lo queremos de vuelta", declaró el mandatario. Esta retórica se materializó con la incautación de al menos tres buques, incluyendo el 'Skipper' y el 'Centuries', en operaciones calificadas por el gobierno de Nicolás Maduro como actos de "piratería de corsarios" y un "robo descarado". La Casa Blanca defendió las acciones, describiendo a los buques como parte de una "flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro".

La escalada ha provocado una fuerte reacción internacional.

El gobierno de Maduro denunció las acciones ante la ONU y recibió el respaldo de aliados como Irán, Rusia y China, quienes condenaron las medidas unilaterales de Washington. Líderes regionales como los de México y Brasil ofrecieron su mediación para evitar un conflicto armado, mientras que otros, como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el presidente argentino, Javier Milei, respaldaron la presión estadounidense. La situación ha puesto al Caribe bajo una fuerte presencia militar estadounidense, con un despliegue naval que Caracas califica como una amenaza directa a su soberanía y un preludio para apropiarse de sus vastas reservas petroleras.