Estas acciones se enmarcan en una estrategia de máxima presión que busca desmantelar las redes financieras que sostienen al gobierno venezolano.

Entre los sancionados se encuentran familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, quien ya había sido sancionado previamente.

Las nuevas medidas afectan a su madre (hermana de Cilia Flores), su padre, su hermana, su esposa y su hija.

También se incluyó a dos familiares de Ramón Carretero, un abogado panameño sancionado anteriormente.

El Departamento del Tesoro acusa a estas personas de ser cómplices en "transacciones corruptas".

Las sanciones congelan cualquier activo que los individuos puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de EE.

UU. realizar transacciones con ellos.

Esta acción se produce en un contexto de creciente hostilidad, que incluye un despliegue militar en el Caribe y un bloqueo a buques petroleros. El secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó la postura de la administración, afirmando que existe una causa judicial abierta contra Maduro en Nueva York y que Washington no permitirá que Venezuela "siga inundando nuestra nación con drogas mortales". El gobierno de Maduro ha negado sistemáticamente estas acusaciones, argumentando que son un pretexto para un cambio de régimen y el control de los recursos petroleros del país.