El gobierno de Donald Trump ha elevado su interés estratégico en Groenlandia a un asunto de alta prioridad, generando una enérgica protesta por parte de Dinamarca y del gobierno autónomo de la isla. La designación de un enviado especial estadounidense ha sido interpretada como un paso más en la intención de Washington de asegurar su influencia en el Ártico. El presidente Trump aseguró que Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de “seguridad nacional”, argumentando que “lo necesitamos para la protección nacional”. Además, criticó a Dinamarca, que controla el territorio, por no invertir en la isla y señaló que esta “no tiene ejército”.
Para formalizar su interés, Trump nombró al gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, como enviado especial para Groenlandia. Landry aceptó el cargo declarando que su misión será “hacer que Groenlandia forme parte de Estados Unidos”.
Esta acción provocó una reacción inmediata y contundente.
El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, calificó el nombramiento de “totalmente inaceptable” y convocó al embajador de Estados Unidos para exigir una explicación.
Tanto Copenhague como Nuuk, la capital groenlandesa, reiteraron que la isla no está a la venta y exigieron respeto a su soberanía e integridad territorial. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, emitieron una declaración conjunta recordando que “las fronteras nacionales y la soberanía de los Estados se basan en el derecho internacional” y que “no se puede anexionar otro país”.
En resumenEl renovado interés de la administración Trump en Groenlandia, justificado por “seguridad nacional” y formalizado con el nombramiento de un enviado especial, ha desencadenado una crisis diplomática. Dinamarca y Groenlandia han rechazado firmemente cualquier posibilidad de anexión, exigiendo a Washington el respeto a su soberanía.