Estas operaciones han resultado en la muerte de más de un centenar de personas y han sido calificadas como ejecuciones extrajudiciales por críticos y gobiernos de la región. Desde septiembre, el Comando Sur de Estados Unidos (SouthCom) ha informado de al menos 29 ataques “cinéticos letales” contra embarcaciones que, según la inteligencia estadounidense, transitaban por “rutas conocidas de narcotráfico”. El saldo de estas operaciones supera las 105 personas fallecidas, a quienes Washington califica de “narcoterroristas”. Los ataques, ordenados por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, forman parte de la operación “Lanza del Sur”. A pesar de la gravedad de las acciones, el gobierno de EE. UU. no ha presentado pruebas públicas que vinculen a las víctimas con el tráfico de drogas. Esta falta de evidencia ha provocado un intenso escrutinio por parte de legisladores estadounidenses y activistas de derechos humanos, quienes denuncian que los ataques equivalen a ejecuciones extrajudiciales y podrían constituir crímenes de guerra. Gobiernos como los de Venezuela y Colombia han condenado las operaciones, mientras que la ONU ha advertido sobre posibles violaciones al derecho internacional.

Un incidente particularmente polémico ocurrió el 2 de septiembre, cuando un segundo bombardeo fue utilizado para rematar a dos sobrevivientes de un ataque inicial, lo que agravó las críticas.