El gobierno de Cuba fue uno de los primeros en reaccionar. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, reconoció la gravedad del consumo de fentanilo, pero advirtió que calificarlo como arma de destrucción masiva podría ser utilizado por Washington para “emprender acciones bélicas contra naciones soberanas de América Latina y el Caribe, interferir en gobiernos legítimos y apropiarse de recursos naturales”. Rodríguez acusó a la administración Trump de ignorar las causas internas de la crisis de opioides en Estados Unidos, como la responsabilidad de las farmacéuticas, la prescripción excesiva de opioides y las deficiencias del sistema de salud estadounidense. La medida ha generado inquietud en México debido a las posibles consecuencias políticas y diplomáticas. La declaración de Trump se produce en un contexto de mayor presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, con advertencias dirigidas a países como Colombia y Venezuela, lo que alimenta la percepción de que la lucha contra el fentanilo podría ser instrumentalizada con fines geopolíticos en la región.