Sin embargo, no ha presentado pruebas públicas que respalden estas acusaciones.

La campaña ha provocado una fuerte reacción diplomática.

Los gobiernos de Venezuela y Colombia han calificado los ataques como “asesinatos” y “ejecuciones extrajudiciales”.

Expertos vinculados a la ONU también han denunciado las acciones como una “agresión ilegal” y han pedido investigaciones urgentes, advirtiendo que violan el derecho internacional. La legalidad de la operación es cuestionada incluso dentro de Estados Unidos, donde legisladores han presionado al Pentágono para que proporcione más información que justifique la campaña, especialmente tras un polémico ataque el 2 de septiembre en el que se habría rematado a dos sobrevivientes, un hecho que expertos consideran un posible crimen de guerra.