Uno de los planes más ambiciosos revelados es la intención de detener hasta 80,000 migrantes en grandes almacenes industriales reconvertidos en centros de detención. Según un borrador del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) revisado por The Washington Post, estas instalaciones, con capacidad para entre 5,000 y 10,000 personas cada una, se ubicarían en estados como Virginia, Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Misuri.

El objetivo, según el documento, es “minimizar los costos, acortar los tiempos de procesamiento, limitar la duración de las estadías, acelerar el proceso de deportación y promover la seguridad”. En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha lanzado una campaña para incentivar la “autodeportación”. Durante la temporada navideña, la administración triplicó su oferta, pasando de 1,000 a 3,000 dólares, además de un vuelo de regreso, para los migrantes en situación irregular que abandonen voluntariamente el país antes del 31 de diciembre. La secretaria del DHS, Kristi Noem, advirtió que quienes no acepten la oferta enfrentarán la alternativa de ser “detenidos, expulsados y no podrán volver nunca más a Estados Unidos”. Estas políticas se complementan con otras medidas, como la suspensión de la “lotería de visas” y el endurecimiento de los requisitos para visas de trabajo, como la H-1B, para la cual se impuso una tarifa de 100,000 dólares, medida que fue avalada por un juez federal.