Washington justifica estas acciones letales al designar a los cárteles como organizaciones terroristas, mientras que países como Venezuela y Colombia denuncian los ataques como ejecuciones extrajudiciales. Desde septiembre de 2025, el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha ejecutado al menos 28 ataques letales contra pequeñas embarcaciones, descritas como “lanchas de bajo perfil”, en rutas marítimas internacionales. La administración Trump sostiene que estas naves eran operadas por organizaciones designadas como terroristas, como el Tren de Aragua, y estaban involucradas en el tráfico de narcóticos. La base legal para el uso de la fuerza letal, según funcionarios estadounidenses, es un hallazgo clasificado del Departamento de Justicia que permite tratar a los miembros de cárteles designados como “combatientes ilegales”, autorizando su eliminación sin un proceso judicial previo. Sin embargo, Washington no ha presentado pruebas públicas que vinculen de manera concluyente a las víctimas con el narcotráfico.

La campaña ha provocado una fuerte reacción internacional. El gobierno de Venezuela ha calificado las operaciones como una “guerra no declarada” y ha solicitado una investigación a la ONU. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó los ataques, afirmando que entre las víctimas había ciudadanos colombianos, lo que generó una disputa diplomática con Estados Unidos.

La ONU también ha expresado su preocupación, advirtiendo que estas acciones podrían constituir violaciones del derecho internacional.