La ofensiva estadounidense, denominada “Operación Southern Spear”, se justifica oficialmente como una medida para combatir el narcotráfico y recuperar activos que, según Trump, fueron “robados” a empresas estadounidenses, en referencia a nacionalizaciones pasadas. La operación involucra un despliegue militar sin precedentes en la región, incluyendo el portaaviones USS Gerald R. Ford.

Desde septiembre, se han reportado más de 100 muertes en al menos 28 ataques contra embarcaciones pequeñas que Washington vincula al narcotráfico, aunque sin presentar pruebas públicas.

La Guardia Costera ha interceptado al menos tres petroleros —identificados como el Skipper, el Centuries y el Bella 1—, confiscando millones de barriles de crudo. Trump ha declarado que Estados Unidos se quedará con el petróleo y los barcos.

En respuesta, Nicolás Maduro ha denunciado la situación ante la ONU como una “extorsión” y ha ordenado a su armada escoltar los buques restantes. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha sido explícita al afirmar que el objetivo es que Maduro “tiene que irse”. La situación ha generado preocupación internacional; el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que una intervención armada sería una “catástrofe humanitaria”, mientras que China y Rusia han criticado el “comportamiento de cowboy” de Washington.