El secretario de Estado, Marco Rubio, describió a los sancionados como “activistas radicales” que han impulsado “actos atroces de censura extraterritorial”. La acción se enmarca en una nueva política de visas que restringe la entrada a extranjeros considerados responsables de la censura de discursos protegidos en Estados Unidos. Entre los afectados se encuentran también Imran Ahmed, del Center for Countering Digital Hate, y líderes de la organización alemana HateAid. La subsecretaria de Estado, Sarah Rogers, calificó a Breton como el “cerebro” detrás de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE, una legislación que impone estrictos requisitos de moderación de contenido a las grandes plataformas. La Comisión Europea respondió que la UE tiene el “derecho soberano de regular la actividad económica” y que sus normas digitales garantizan una competencia justa sin discriminar. El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó las prohibiciones como “intimidación y coerción” destinadas a “socavar la soberanía digital europea”.

Por su parte, Breton cuestionó si había vuelto la “caza de brujas de McCarthy” y defendió que la DSA fue aprobada democráticamente por los 27 estados miembros.