Esta medida, gestionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), elimina exenciones previas para menores y personas mayores, y ha sido justificada como una herramienta para combatir el terrorismo y el fraude migratorio. Sin embargo, ha generado una fuerte crítica por parte de activistas de derechos civiles, quienes advierten sobre los riesgos para la privacidad, ya que los datos serán almacenados por 75 años.

Paralelamente, la administración ha intensificado las deportaciones.

La Casa Blanca afirma que más de 2.5 millones de inmigrantes indocumentados han salido del país en 2025, una cifra que incluye 605,000 deportaciones formales y una controvertida estimación de 1.9 millones de “salidas voluntarias”. Para fomentar estas salidas, el DHS triplicó su incentivo de “autodeportación”, ofreciendo $3,000 dólares y un vuelo de regreso a quienes abandonen el país antes de fin de año. Además, se han revelado planes para convertir almacenes industriales en centros de detención masiva con capacidad para hasta 80,000 personas, con el fin de acelerar el proceso de deportación. Estas políticas se complementan con el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades como Nueva Orleans para operativos migratorios y el uso de leyes antiguas para acelerar la expulsión de ciudadanos venezolanos.