El objetivo declarado fusiona intereses económicos, como asegurar el acceso a las reservas petroleras para empresas estadounidenses, con una estrategia de seguridad para combatir el narcotráfico y debilitar al gobierno venezolano. Trump ha ordenado un “bloqueo total” a los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, una medida que ha resultado en la incautación de al menos dos tanqueros en el Caribe, paralizando parte de la industria exportadora del país. Estas acciones son respaldadas por un despliegue militar significativo en la región, que incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford. El propio Trump ha proferido advertencias directas, declarando en un video que si Maduro “intenta mostrarse desafiante, será la última vez que pueda hacerlo”.

Figuras clave como el secretario de Estado Marco Rubio y el asesor presidencial Stephen Miller han impulsado esta línea dura, vinculando al gobierno de Maduro con el narcoterrorismo. En respuesta, Nicolás Maduro ha denunciado las acciones estadounidenses como “piratería” y “extorsión”, solicitando una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU y obteniendo el respaldo de aliados como Rusia y China, quienes critican el unilateralismo de Washington.