Paralelamente, la administración triplicó, solo por la temporada navideña, un “bono” a 3,000 dólares para cada migrante en situación irregular que acepte abandonar voluntariamente el país. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, presentó la oferta como una oportunidad para “regresar a casa por Navidad”, advirtiendo que la alternativa es ser “detenidos, expulsados y no poder volver nunca más”. Estas acciones se suman a la firma de la Ley Laken Riley, que ordena la detención federal de personas sin papeles acusadas de ciertos delitos, y han llevado a que la cifra de detenidos por ICE supere un máximo histórico de 68,400 personas. Activistas y defensores de los derechos humanos critican estas políticas, argumentando que se aprovechan del miedo y que muchas de las personas detenidas no tienen antecedentes penales graves.