La justificación oficial es la interrupción de rutas de narcotráfico con destino a Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ha defendido la campaña como una escalada necesaria, afirmando que su país se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles. Sin embargo, la política ha generado una fuerte controversia.

Críticos, incluyendo legisladores y expertos en derecho internacional, han calificado las acciones como ejecuciones extrajudiciales y potenciales crímenes de guerra, ya que se trata de ataques letales contra civiles sin un proceso judicial previo.

El gobierno estadounidense no ha presentado públicamente pruebas que vinculen a cada embarcación destruida o a las personas fallecidas con el tráfico de drogas. Estas operaciones marítimas son un componente clave de la estrategia de presión sobre Venezuela, ya que Washington acusa al gobierno de Nicolás Maduro de liderar una red de narcotráfico. La campaña, denominada “Operación Lanza del Sur”, ha sido autorizada directamente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y se ha llevado a cabo en paralelo a un despliegue naval masivo en la región y al anuncio de un ataque terrestre en territorio venezolano.