Los almacenes estarían ubicados estratégicamente en estados como Virginia, Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Misuri.

El documento detalla que estos nuevos centros “minimizarán los costos, acortarán los tiempos de procesamiento” y “acelerarán el proceso de deportación”.

Para ello, las estructuras serían modificadas para incluir unidades de alojamiento, duchas, cocinas, áreas recreativas y bibliotecas.

Este plan surge en un contexto de políticas migratorias cada vez más restrictivas, que según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), han resultado en la deportación de más de 605,000 personas y la salida voluntaria de 1.9 millones de indocumentados durante 2025. El gobierno también ha impulsado un programa de “cazarrecompensas” que ofrece contratos millonarios a empresas privadas para localizar y detener inmigrantes, y ha triplicado los incentivos económicos para aquellos que opten por la “autodeportación”.