Estas medidas han reducido drásticamente los cruces irregulares, pero han generado controversia y desafíos legales.

La administración Trump implementó una ofensiva contra la inmigración que llevó los cruces fronterizos ilegales a “mínimos históricos”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que en 2025 se deportó a 605,000 personas, y la Casa Blanca afirmó, sin datos verificables, que 1.9 millones de indocumentados salieron voluntariamente. Activistas señalaron que el 60% de los detenidos por ICE no tenían antecedentes penales, lo que sugiere que las detenciones respondían a cuotas numéricas más que a prioridades delictivas. Una nueva norma, que entró en vigor el 26 de diciembre de 2025, obliga a todos los extranjeros a someterse a la recopilación de datos biométricos, como reconocimiento facial, al entrar y salir de EE.

UU. por cualquier vía.

Esta medida, que elimina exenciones para menores y adultos mayores, permite que las imágenes de ciudadanos extranjeros se conserven hasta por 75 años. Adicionalmente, se propuso exigir a turistas de 42 países la entrega de su historial de redes sociales de los últimos cinco años. Estas políticas han sido descritas por activistas como una “era de terror” y han sido criticadas por organizaciones de derechos civiles por sus implicaciones en la privacidad.