El fallo representa un revés para la política migratoria del gobierno y restaura temporalmente las protecciones para los beneficiarios. La jueza Trina Thompson, de California, determinó que la terminación del TPS para estas nacionalidades fue “ilegal bajo la APA (Ley de Procedimiento Administrativo)”. Según la sentencia, la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, ordenó la anulación de manera “predestinada” y sin seguir el procedimiento adecuado. La jueza señaló que Noem no siguió la práctica habitual del DHS al reducir el periodo de transición tras la terminación del TPS a solo 60 días. Los demandantes, un grupo de migrantes amparados por el TPS, habían alegado que la decisión de poner fin al amparo que los protegía de la deportación se debía a una “animosidad racial”. Organizaciones de derechos de los migrantes celebraron la decisión judicial, destacando que restaura protecciones para miles de personas que llevan décadas en el país. Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política Migratorios de la UCLA, indicó que “los empleadores están legalmente obligados a cumplir con sus documentos de autorización de trabajo”. El TPS es un beneficio migratorio que el DHS concede a migrantes de países que atraviesan emergencias, como desastres naturales o conflictos, que impiden un regreso seguro.