Esta campaña ha sido criticada internacionalmente.

Expertos en derecho internacional, organizaciones de derechos humanos y líderes como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, han calificado los ataques como "ejecuciones extrajudiciales". El gobierno venezolano, por su parte, ha denunciado la ofensiva como una campaña de hostigamiento y un pretexto para una intervención militar destinada a apropiarse de sus recursos energéticos. La situación escaló al Consejo de Seguridad de la ONU, donde Venezuela recibió el respaldo de países como Rusia, China y México, que acusaron a Washington de violar el derecho internacional.