Según el DHS, el objetivo es "abordar las preocupaciones de seguridad nacional", combatir el uso de documentos fraudulentos y controlar de manera más efectiva a quienes exceden el tiempo de su visa. Los datos biométricos de los extranjeros podrán ser conservados por el gobierno federal hasta por 75 años. Mientras que los ciudadanos estadounidenses están exentos de la obligatoriedad, la medida ha generado fuertes críticas por parte de activistas de derechos civiles, quienes advierten sobre los riesgos para la privacidad y el potencial uso indebido de la información personal de millones de viajeros.