Líderes como el presidente colombiano Gustavo Petro denunciaron estos ataques como “asesinatos y ejecuciones extrajudiciales”.

La administración Trump defendió sus acciones argumentando que se encontraba en un “conflicto armado directo y no internacional” con los cárteles de la droga, a los que calificó de organizaciones terroristas, y por tanto no necesitaba autorización del Congreso. La ofensiva escaló el 31 de diciembre de 2025, cuando Trump confirmó el primer ataque estadounidense en suelo venezolano, bombardeando un muelle que, según él, era utilizado por narcotraficantes. Este ataque fue posteriormente atribuido a una operación con drones de la CIA. La campaña militar no solo se centró en las “narcolanchas”, sino que también incluyó un bloqueo a buques petroleros que transportaban crudo venezolano, con la incautación de al menos dos de ellos.

Todo esto preparó el terreno para la operación final contra Maduro, enmarcando la intervención como el clímax de una cruzada contra el narcoterrorismo.