Durante 2025, se reportó la deportación de 605,000 inmigrantes. Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se han vuelto más agresivas y, según abogados, se han realizado detenciones ilegales incluso de ciudadanos estadounidenses por su apariencia. Una de las primeras acciones legislativas de Trump fue la firma de la Ley Laken Riley, que ordena la detención federal de personas sin documentos acusadas de delitos como robo o agresión. Además, la administración anunció una regla para negar el asilo a inmigrantes que sean considerados un riesgo para la salud pública.

En el ámbito de las protecciones existentes, el gobierno intentó poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de migrantes de Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán del Sur.

Sin embargo, estas terminaciones fueron bloqueadas por jueces federales, quienes dictaminaron que las decisiones fueron “predestinadas” y no siguieron el procedimiento legal adecuado.

En otro frente, Trump ordenó el retiro de la Guardia Nacional de ciudades demócratas como Chicago, Los Ángeles y Portland, donde habían sido desplegados para proteger a agentes federales durante redadas migratorias, después de que tribunales bloquearan su uso para tareas de seguridad interna.