El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha modificado la acusación formal contra Nicolás Maduro, eliminando las referencias que lo señalaban como el líder del 'Cártel de los Soles' y rebajando la descripción de este grupo de una organización criminal estructurada a un “sistema de clientelismo”. Este cambio significativo debilita una de las principales justificaciones de la administración Trump para la intervención militar y plantea dudas sobre la narrativa del “narcoterrorismo” utilizada para legitimar la captura del mandatario venezolano. La acusación original de 2020 mencionaba 32 veces al 'Cártel de los Soles' y describía a Maduro como su líder.
Sin embargo, en la nueva imputación, presentada tras su detención, el término aparece solo dos veces y ya no se le atribuye ese rol. El documento revisado ahora afirma que Maduro “participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción” donde las élites se enriquecen mediante el narcotráfico, operando en un “sistema de clientelismo dirigido por quienes están en la cima, conocido como el Cartel de los Soles”. Expertos y analistas, como los del centro InSight Crime, han sostenido durante años que el 'Cártel de los Soles' no es una organización jerárquica real, sino una red difusa de funcionarios corruptos.
Medios como The New York Times señalaron que ni la DEA ni la ONU habían mencionado a esta organización en sus informes anuales sobre drogas. La modificación en la acusación sugiere que los fiscales estadounidenses tendrían dificultades para probar en un juicio la existencia de un cártel formal liderado por Maduro, lo que refuerza la percepción de que el argumento del narcotráfico fue principalmente una herramienta política para justificar una acción geopolítica.
En resumenEn un giro judicial clave, el Departamento de Justicia de EE. UU. modificó la acusación contra Nicolás Maduro, dejando de señalarlo como líder del 'Cártel de los Soles' y describiendo al grupo como un 'sistema de clientelismo'. Este cambio debilita la narrativa de narcoterrorismo que justificó la intervención militar y sugiere la dificultad de probar la existencia de una organización criminal estructurada.