Un acuerdo sometido a revisiones anuales obligatorias, en caso de no extenderse su vigencia, le permite ejercer presión política y económica continua sobre México y Canadá sin provocar una disrupción abrupta del comercio.

Para las empresas, la duda sobre las reglas del mañana se convierte en un obstáculo mayor que los aranceles actuales. En este contexto, la intervención en Venezuela adquiere una relevancia particular para México. Un éxito estadounidense en imponer un nuevo arreglo político y petrolero en Venezuela validaría la estrategia de “presión dura” de Trump, reforzando su posición de fuerza en la negociación del T-MEC y reduciendo los incentivos para hacer concesiones. Fitch Ratings ha advertido que esta dinámica podría llevar a la inclusión de temas ajenos al comercio, como seguridad, migración y narcotráfico, en la agenda de revisión, complicando aún más las negociaciones. Para México, el desafío no es un colapso comercial inminente, sino la erosión persistente de la confianza, con decisiones de inversión pospuestas y cadenas productivas operando bajo la amenaza de reglas cambiantes. La revisión del T-MEC se definirá no en un entorno técnico, sino en uno marcado por la lógica del poder, donde México deberá decidir hasta qué punto acepta que el comercio se convierta en un instrumento de presión geopolítica.