La disolución implica que las aerolíneas ya no podrán coordinar precios, rutas ni capacidad como una empresa conjunta.

No obstante, se mantendrán los acuerdos de código compartido, los programas de viajero frecuente y la participación accionaria del 20% de Delta en Aeroméxico. Ambas aerolíneas lamentaron la decisión, advirtiendo que perjudicará a pasajeros y trabajadores, y estimaron un impacto económico de al menos 510 millones de dólares. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) también expresó su preocupación por las “consecuencias relevantes para la industria” y los empleos. La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el impacto económico y defendió las decisiones de su predecesor, asegurando que el traslado de la carga al AIFA fue por “protección civil”.