La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha revocado la licencia de operación de CIBanco, que ahora enfrenta un proceso de liquidación a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). La medida se produce tras las graves acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que vinculan a la entidad con redes de lavado de dinero del narcotráfico. El proceso de liquidación se formalizó el 10 de octubre de 2025, después de que los accionistas de CIBanco solicitaran voluntariamente la revocación de su licencia. Esto ocurrió meses después de que la Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN) identificara a CIBanco, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, como "preocupaciones principales de lavado de dinero". Las acusaciones erosionaron la confianza en la institución, provocando una salida de recursos y la cancelación de contratos.
Para contener los riesgos, CIBanco vendió su negocio fiduciario a Grupo Financiero Multiva y su cartera automotriz a BanCoppel.
A pesar de la gravedad de la situación, calificadoras como Moody's y Fitch Ratings, junto con autoridades mexicanas, han asegurado que la liquidación no representa un riesgo sistémico, dado que CIBanco representaba solo el 0.44% de los activos del sistema bancario. El IPAB inició el 13 de octubre el pago a los ahorradores, cubriendo depósitos de hasta 400 mil UDIS (aproximadamente 3.4 millones de pesos), lo que representa el 99.4% del total de clientes. La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que su gobierno no acompañó la decisión de sanción de EE.UU. por "no tener pruebas suficientes", pero que la intervención de Hacienda buscó proteger a los ahorradores y garantizar la estabilidad.
En resumenLa liquidación de CIBanco marca la caída de una institución financiera tras severas acusaciones internacionales, demostrando la vulnerabilidad del sistema ante el escrutinio de EE.UU. Aunque las autoridades mexicanas aseguran que el impacto sistémico es nulo y los ahorros están protegidos por el IPAB, el caso subraya los riesgos reputacionales y operativos que enfrentan las entidades financieras en un entorno de vigilancia global contra el lavado de dinero.