Esta inmunidad ha permitido a ambas compañías operar como una sola entidad en el mercado transfronterizo, coordinando rutas, precios y capacidad.

La alianza fue aprobada en 2016 bajo un acuerdo de cielos abiertos y ha sido fundamental para expandir la red de rutas, ofrecer más frecuencias y optimizar la experiencia del pasajero. Según las aerolíneas, la disolución forzada implicaría la cancelación de 24 rutas y una reducción de capacidad en otras 10, afectando negativamente al turismo y al comercio bilateral. En su defensa, Delta y Aeroméxico calificaron la decisión del DOT como "injustificada e inconsistente con la realidad del mercado actual", argumentando que la alianza ha generado beneficios tangibles para millones de pasajeros. El gobierno de EE.UU., por su parte, justificó la medida como parte de una revisión más amplia de la regulación de la aviación mexicana, mencionando preocupaciones sobre la pérdida de la categoría 1 de seguridad aérea (ya recuperada) y acuerdos que podrían haber limitado el acceso de aerolíneas estadounidenses al AICM. El desenlace de esta batalla legal podría redefinir las alianzas aéreas en Norteamérica.