Las autoridades financieras mexicanas han revocado la licencia de CIBanco y han iniciado su proceso de liquidación, una medida drástica derivada de las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero. El IPAB ha activado el seguro de depósitos para proteger a los ahorradores, garantizando la estabilidad del sistema. El proceso se desencadenó el 25 de junio, cuando la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE. UU. señaló a CIBanco, junto con Intercam y Vector, como entidades de “preocupación principal de lavado de dinero” vinculadas al tráfico de opioides para cárteles mexicanos. A pesar de la gravedad de la acusación, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno estadounidense “no nos enviaron documentación, pruebas suficientes”, y que las auditorías de la CNBV solo encontraron “problemas administrativos”. No obstante, la medida estadounidense generó una crisis de confianza que llevó a la intervención gerencial por parte de la CNBV para proteger a los usuarios.
En los meses siguientes, CIBanco vendió su negocio fiduciario a Multiva, su cartera automotriz a BanCoppel y su división cambiaria a Bankaool.
Finalmente, el 10 de octubre, a solicitud voluntaria de sus accionistas, la CNBV revocó su licencia. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) asumió como liquidador e inició el 13 de octubre el pago de obligaciones garantizadas hasta por 400 mil UDIS por ahorrador. Tanto las autoridades mexicanas como la calificadora Moody's han asegurado que la liquidación no representa un riesgo sistémico, dado que los activos de CIBanco constituían solo el 0.44% del sistema bancario, y el IPAB cuenta con fondos suficientes y experiencia previa en liquidaciones como las de Banco Ahorro Famsa y Accendo Banco.
En resumenLa liquidación de CIBanco, detonada por acusaciones de EE. UU., culminó con la revocación de su licencia y la intervención del IPAB para proteger a los ahorradores. A pesar de la gravedad de los señalamientos, las autoridades y agencias calificadoras coinciden en que el impacto sistémico es nulo, demostrando la capacidad de respuesta del sistema financiero mexicano, aunque evidencia su vulnerabilidad a presiones regulatorias internacionales.