Las órdenes restringieron sus operaciones con el sistema financiero estadounidense, provocando un golpe reputacional del que no pudieron recuperarse.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino temporalmente las instituciones e impuso multas millonarias. La reacción del mercado fue inmediata: migración acelerada de fideicomisos y cuentas, salida de clientes y personal, y la degradación de sus calificaciones crediticias a grado especulativo por parte de agencias como Fitch Ratings. Finalmente, las autoridades mexicanas iniciaron procesos de revocación y liquidación. CIBanco solicitó su liquidación voluntaria al IPAB; Intercam fue adquirido en parte por Kapital Bank, que previamente había comprado Banco Autofin; y Vector Casa de Bolsa vendió parte de sus activos a Finamex y solicitó el retiro de su licencia. Este episodio obligó a todo el sistema financiero mexicano a reforzar sus controles de prevención de lavado de dinero, un tema que, según especialistas, será un punto áspero en la próxima revisión del T-MEC.