En noviembre, Telefónica anunció su plan estratégico para centrarse en sus mercados más fuertes en Europa (España, Alemania y Reino Unido), lo que implica la desinversión en varias de sus operaciones en Latinoamérica, incluyendo México. La compañía ha estado "embelleciendo" su negocio empresarial en el país para acelerar su venta.

No obstante, un obstáculo clave es un crédito fiscal de 4,442 millones de pesos que el SAT determinó en 2019. El adeudo se deriva de una deducción de impuestos realizada por la filial de Movistar, Pegaso PCS, S.A. de C.V., tras una fusión en 2014. Aunque un tribunal colegiado falló a favor de Movistar en 2023 declarando la nulidad del crédito, la Secretaría de Hacienda llevó el caso a la SCJN. El asunto, listado para su discusión el 8 de enero de 2026, será resuelto por la nueva composición de la Corte, lo que añade un elemento de incertidumbre a la valoración y al proceso de venta de la filial mexicana. La resolución de este litigio fiscal será determinante para el futuro de Telefónica Movistar en México y para los potenciales compradores interesados en adquirir sus operaciones.