Las medidas más destacadas son un aumento del 87% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para bebidas azucaradas y un nuevo gravamen del 8% para videojuegos con contenido violento o para adultos.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, defendió la medida sobre los refrescos, señalando que México es el mayor consumidor mundial per cápita (166 litros al año) y que esto contribuye a 100 mil muertes anuales por enfermedades como diabetes e hipertensión. El gobierno espera recaudar 41 mil millones de pesos con este aumento y reducir el consumo en un 7%. Organizaciones como El Poder del Consumidor y Salud Justa celebraron la iniciativa pero la consideran insuficiente, pidiendo que el impuesto a refrescos suba a 7 pesos por litro y se incluyan gravámenes al alcohol. Por otro lado, la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb) calificó la medida como "altamente regresiva", argumentando que afectará a las familias de menores ingresos y podría eliminar 150,000 empleos. En cuanto al impuesto a videojuegos, la justificación oficial se centra en temas de seguridad y en la prevención de conductas agresivas en jóvenes. Sin embargo, legisladores de oposición como Federico Döring y Rubén Moreira han criticado la propuesta, calificándola de una estrategia recaudatoria que busca un "chivo expiatorio" para el fracaso en la seguridad pública. Estiman que el alza podría incrementar el precio final de los videojuegos hasta en un 24%.