Las autoridades priorizaron la seguridad ciudadana, limitando las celebraciones a actos cívicos protocolarios o suspendiéndolas por completo. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció por segundo año consecutivo la suspensión de los eventos artísticos y la verbena popular, citando su responsabilidad de "asegurar el bienestar, la seguridad y los derechos de las y los sinaloenses". Esta decisión se produce en un contexto de violencia intensificada por disputas entre grupos criminales, que durante el fin de semana previo dejó al menos siete homicidios.

En Michoacán, los municipios de Zinapécuaro, Peribán, Tocumbo y Uruapan también cancelaron sus celebraciones. En Zinapécuaro, la medida se tomó tras bloqueos y quema de vehículos, mientras que en Peribán y Tocumbo influyeron amenazas difundidas en redes sociales y la desaparición de tres personas. El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, declaró al municipio en "Código Rojo" y canceló los festejos tras un ataque a policías municipales que dejó un agente muerto, haciendo un "llamado urgente" a la presidenta Claudia Sheinbaum para que las fuerzas federales intervengan.

Otros municipios en estados como Veracruz (Coxquihui, Cerro Azul), Oaxaca (Santiago Amoltepec, Asunción Ocotlán) y Estado de México (Xalatlaco) también suspendieron sus eventos por falta de condiciones de seguridad o por luto tras hechos violentos recientes.