La red criminal utilizaba negocios como bares, restaurantes y resorts en Rosarito para lavar millones de dólares. Tras el anuncio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México informó que instruyó un “bloqueo administrativo” a las cuentas de los 22 objetivos señalados por la OFAC, aclarando que es una medida preventiva y que, de identificar actividades ilícitas, dará vista a la FGR. Las sanciones de EE. UU. implican el bloqueo de todos los bienes de los designados bajo su jurisdicción y prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos.