Este nombramiento, confirmado en el directorio oficial del máximo tribunal, ha generado una intensa controversia sobre la transición del activismo social a las altas esferas del poder judicial.

Rosales Sierra, quien renunció en agosto a su rol como representante de las familias y a su colaboración con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, argumentando "cuestiones personales y de salud", ya había sido vinculado con el ministro Aguilar Ortiz. En su momento, Rosales admitió haber dialogado con el ministro, pero negó que hubiera "nada formal".

Ahora, su incorporación es un hecho, con un sueldo neto mensual de 118,138 pesos y diversas prestaciones. La decisión ha sido criticada por algunos sectores, que cuestionan si su cercanía con el Poder Judicial podría comprometer su independencia y su legado como defensor de víctimas.

En redes sociales, las acusaciones no se hicieron esperar, señalándolo de "explotar" el caso Ayotzinapa para beneficio personal.

Durante su trayectoria, Rosales también tuvo roces con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo acusó de promover protestas violentas, y enfrentó una polémica en 2016 por un audio filtrado con expresiones despectivas hacia los padres de los normalistas, cuya autenticidad él negó, denunciando una campaña de espionaje en su contra. Su paso de litigante social a una posición institucional clave se mantiene bajo la lupa de organizaciones civiles y actores políticos.