Según las investigadoras Kate Doyle y Claire Dorfman, esta información “hubiera ofrecido pistas críticas que no existen en otro lugar”.

A pesar de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) solicitó al gobierno de Enrique Peña Nieto que pidiera estos archivos a Estados Unidos tras un comunicado de la DEA en diciembre de 2014, la petición formal no se realizó durante años. Tanto el gobierno mexicano como el Departamento de Justicia de EE. UU. mostraron reticencia a compartir la evidencia, lo que retrasó el acceso a información vital durante ocho años y dejó a los investigadores internacionales y a las familias de las víctimas sin datos que podrían haber cambiado el curso de la investigación.