Según fuentes gubernamentales, la decisión fue impulsada desde Palacio Nacional.

Alfonso Romo, dueño de Vector, había negociado con compradores extranjeros, incluyendo firmas de Estados Unidos, Brasil y España. Sin embargo, tras una comunicación con el secretario de Hacienda, Edgar Amador, la presidenta Sheinbaum habría expresado su negativa a una venta a capitales externos, orientando la operación hacia Finamex, una casa de bolsa con más de cinco décadas de trayectoria. Para el oficialismo, el control de la cartera de Vector es un punto sensible, ya que entre sus clientes se encuentran inversionistas vinculados a la 4T. La transferencia a Finamex garantiza que estos activos sean gestionados por un actor considerado confiable y cercano.

Esta maniobra se inscribe en una política más amplia de la administración actual para fortalecer una base de empresarios mexicanos, como se observó en la venta de la cartera comercial de Banamex a Fernando Chico Pardo y la asociación de Carlos Slim con Pemex en el campo Ixachi. Aunque la operación se presenta como una decisión regulada y transparente, en el sector financiero se interpreta como una jugada política para resguardar un portafolio estratégico y reforzar la narrativa de un gobierno que privilegia al capital local.