La notificación, revelada en una carta del Pentágono, sostiene que los cárteles actúan como "grupos armados no estatales" y que sus acciones constituyen un "ataque armado contra Estados Unidos". Este marco legal permite aplicar la legislación de conflictos armados, que incluye la eliminación de combatientes y detenciones indefinidas.

El documento justifica operaciones militares recientes en el Caribe, donde murieron al menos 17 personas en ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico y a organizaciones designadas como terroristas. En meses previos, la administración Trump había designado como organizaciones terroristas a ocho grupos, incluyendo seis de México, además de MS-13 y el Tren de Aragua. La medida ha sido criticada por juristas y legisladores estadounidenses, quienes cuestionan la base legal al no existir una autorización del Congreso para el uso de la fuerza contra los cárteles. Esta acción unilateral intensifica la presión sobre México y redefine la lucha contra el narcotráfico como un escenario de guerra, con profundas implicaciones para la soberanía y la cooperación bilateral en materia de seguridad.