Además, se exigirá una certificación cada tres años y se creará un Consejo Aduanero para autorizar o rechazar patentes.

La reforma también otorga a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) mayores facultades de inspección y fiscalización. El diputado Carol Antonio Altamirano (Morena) defendió la reforma como un paso valiente para “poner orden a las aduanas”.

Sin embargo, la oposición (PAN, PRI y MC) argumentó que la ley no ataca la corrupción de fondo. El panista Federico Döring la calificó como “faramalla propagandística”, afirmando que “el 99 por ciento de la corrupción está en las autoridades, en el Ejército y en la Marina, no en los agentes aduanales”. Por su parte, el priista Christian Castro Bello advirtió que la reforma responde a una “lógica recaudatoria” y obstaculiza el comercio en lugar de facilitarlo, al endurecer las multas hasta en un 300% del valor de las mercancías.